Este lunes (9), Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) presentó un comunicado ante la Corte Penal Internacional (I), organismo de Justicia de las Naciones Unidas (ONU), para denunciar al gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido) por genocidio.
Por primera vez en la historia, abogados indígenas van directamente a La Haya para exigir que se investigue a un presidente. El informe proporciona evidencia de dos crímenes bajo el Estatuto de Roma, tratado que estableció la Corte Penal Internacional (I).
El primero, crimen de lesa humanidad, consiste en el "exterminio, persecución y otros actos inhumanos". El segundo es “causar graves daños físicos y mentales e infligir deliberadamente condiciones con objeto de la destrucción de los pueblos indígenas”, acto calificado como genocidio.
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La denuncia tiene 86 páginas, que consisten en informes de líderes y organizaciones, documentos oficiales, investigaciones académicas y notas técnicas. Según un comunicado de Apib, los documentos prueban la ejecución de una "política anti-indígena explícita, sistemática e intencionada" encabezada por Bolsonaro desde el inicio de su mandato.
Entre las conductas denunciadas por Apib se encuentran la negativa explícita de Bolsonaro a demarcar nuevas tierras y el intento de legalizar las invasiones y fomentar los conflictos en el campo a través de proyectos de ley, decretos y ordenanzas.
“El desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental y de los pueblos indígenas provocó invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños y el aumento de la minería artesanal y a gran escala en los territorios”, afirma el comunicado presentado ante la Corte de La Haya.
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“Apib seguirá luchando por el derecho de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios y no nos rendiremos al exterminio ”, dice Eloy Terena, uno de los ocho abogados indígenas que firman el comunicado.
“Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política anti-indígena de Bolsonaro. Debe pagar por toda la violencia y destrucción que comete”, dice la coordinadora ejecutiva de Apib, Sonia Guajajara.
La elaboración de la denuncia contó con la participación del Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, organizaciones que llevaron a Bolsonaro a la I en 2019.
Agosto indígena
Las organizaciones que integran Apib preparan una jornada de movilizaciones en Brasilia contra las agendas anti-indígenas en el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).
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“Alertamos a la Corte Penal Internacional sobre la escalada autoritaria en curso en Brasil. El ambiente democrático está en riesgo”, dice Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib.
Entre las propuestas se encuentra el llamado "marco temporal", una tesis jurídica según la cual los territorios solo pueden ser demarcados si los pueblos indígenas logran demostrar que ocupaban el área antes, o en la fecha exacta, de la promulgación de la Constitución Federal, o si queda comprobado que hay conflicto por la propiedad de la tierra.
