Lucas Nahuel Verón, baleado por la policía al salir en moto el día en que cumplía sus 18 años, en La Matanza, Buenos Aires. Luis Espinoza, trabajador rural y padre de 6 hijos, fue torturado y asesinado en frente a su hermano por la policía local, en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Florencia Magalí Morales, 39 años, detenida en abril por quebrar la cuarentena, fue encontrada con marcas de golpes y ahorcada en la celda en donde estaba presa, en la provincia de San Luis.
Estos son solamente algunos de los por lo menos 65 casos de violencia institucional que culminaron en desaparición o muerte en Argentina, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, vigente desde el 20 de marzo. Los datos son de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) que, más allá de estos, denuncia también casos de violencia física, detenciones arbitrarias y humillaciones en los que policías son los principales responsables.
De los casos chequeados por la organización durante la pandemia, 22 corresponden a ejecuciones; 32 son muertes de personas detenidas; seis, femicidios; tres, desapariciones forzadas y dos, a otras modalidades. La integrante de CORREPI María del Carmen Verdú resalta que, en el conteo, la provincia de Buenos Aires lidera el número de casos. "No sólo porque concentra la mayor parte de la población del país y la fuerza de seguridad más numerosa, sino por la forma de intervención que marca la conducción de la fuerza por el teniente coronel Sergio Berni", afirma, refiriéndose al ministro de seguridad de Buenos Aires.
Sólo en 2019, la organización apuntó una muerte a cada 19 horas por el aparato del Estado, en el último año del gobierno macrista. "La invisibilidad social de estos casos tiene que ver con la naturalización", completa Verdú. "Por eso, creemos que es tan necesario visibilizar y romper el muro mediático de silencio, denunciando cada uno de esos casos."
Blanco definido
Frente a las docenas de casos de muertes ocasionadas en menos de cuatro meses de aislamiento social, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó un comunicado denunciando la discriminación validada y practicada por el propio Estado, llamando especial atención a un decreto de la provincia de Salta, que permite la detención sin derecho a defensa en caso de incumplimiento de la cuarentena. El INADI define la violencia institucional como un fenómeno complejo, "que abarca desde la detención 'para averiguar antecedentes’ hasta las formas más extremas de violencia como la tortura física y psicológica o asesinato"
"La represión policial adopta diversas formas en la democracia: el gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, la tortura sistemática, las detenciones arbitrarias, la represión de las protestas sociales", afirma Verdú. Nicolás Marcioni, del Frente Popular Darío Santillán, organización que lleva el nombre de uno de los militantes asesinados en una marcante represión policial en 2002, en Buenos Aires, alerta sobre la gravedad del tema:
"Son casos en donde no hay dialogo previo o intervención de la Justicia", relata. “Todo eso en un contexto en que, de forma general, el pueblo tomó las medidas de prevención. Consideramos que se asumieron las medidas como propias, con mucha responsabilidad. Los medios difunden casos excepcionales para reivindicar mayor presencia policial en las calles, con un gobierno que convive con diferentes líneas políticas y todavía conserva en su interior un aparato de seguridad represivo. Aun tenemos practicas heredadas de la dictadura militar.”
La acción policial represiva tiene territorios y grupos específicos como blanco: trabajadores, comunidades y zonas más pobres, grupos sociales estructuralmente vulnerados. De los casos difundidos por los medios o denunciados por organizaciones de derechos humanos, la mayor parte está sin resolución, se ocultan o adulteran las pruebas, los testigos de los policías se muestran contradictorios.
Desvíos en las investigaciones y discriminación
El caso de Facundo Astudillo es típico. El joven de 22 anos, que intentaba viajar a otra ciudad para encontrarse con su novia, fue visto por última vez entrando en un patrullero. El abogado de la familia, Leandro Aparicio, dice estar convencido de que Facundo está desaparecido por culpa de la policía de la provincia de Buenos Aires. “Son días muy intensos. La policía está metiendo pistas falsas.”
Facundo Astudillo fue detenido por la policía de Buenos Aires al intentar viajar a otra ciudad y no volvió a ser visto / Divulgación
El pasado día 22, se realizó una reunión entre el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff (Frente de Todos, partido oficialista), la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Federic, y el ya mencionado Berni. Se mencionaron planes de acción en conjunto para aumentar la eficiencia de operativos y la presencia de fuerzas de control, pero no hubo menciones a los problemas de violencia policial, ni a los casos como el de Facundo Astudillo.
El gobernador afirmó, en entrevista, que jamás apoyaría la violencia institucional, y dijo esperar que el caso de Facundo sea resuelto. "Estamos colaborando y poniendo todo a disposición de la Justicia y los investigadores. Censuramos y rechazamos toda idea u opinión que diga que tenemos voluntad de impedir la investigación o la búsqueda de los responsables, porque no es así", afirmó, en entrevista a Télam.
El gobernador recibió críticas en la fase de aumento de contagios por coronavirus en Villa Azul, en Buenos Aires, por restringir la entrada y salida de los vecinos con fuerzas policiales, en mayo. De manera general, la respuesta a la crisis sanitaria viene en forma de "seguridad" para buena parte de la población. “La implementación del aislamiento se dejó en manos de las fuerzas de seguridad, en vez de establecer una serie de medidas que serían imprescindibles para garantizar el cumplimiento del aislamiento”, apunta Verdú.
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18 años de la masacre de Avellaneda
El 26 de junio pasado, se cumplieron 18 años de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, ciudad localizada en la provincia de Buenos Aires. Quedó marcado como uno de los peores episodios de represión policial en una manifestación en Argentina; terminó con 30 heridos por balas de goma y dos muertos: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Desde el episodio, en 2002, el acto se repite todos los años, al mediodía, horario en que ocurrió la represión.
Este año, debido a la pandemia, la concentración masiva no fue posible, así como no se pudieron realizar otras marchas históricas en el país, como la del 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y Justicia. La víspera del aniversario, el 25, se realizó un evento online con las familias de las víctimas, organizaciones de derechos humanos e intervenciones culturales en una transmisión virtual de casi 6 horas. El día 26 se realizó un acto simbólico, rescatando la memoria colectiva y simbolizando el acto de aquel día hace 18 años.
"Este año, hicimos una concentración reducida, con comedores populares, respetando las medidas de distanciamiento, sin poner a nadie en riesgo. No fue masiva como suele ser, de 20 a 40 mil personas”, cuenta Nicolás Marcioni, integrante de la Corriente Plurinacional del Frente Popular Darío Santillán.
"Solemos decir que queremos construir en comunidad el buen vivir. Creemos que es posible. Debe ser pensado en conjunto. No es una tarea individual, sino que debe ser encarada colectivamente, como pueblo.”
