A lo largo de 2020, la violencia contra la juventud negra, sindicalistas, indígenas y defensores de los derechos humanos no paró de crecer en Brasil. Los políticos de izquierda también están entre las víctimas en ese mapa de la violencia.
La concejala Marielle Franco había recibido amenazas de muerte antes de ser asesinada, pero no tuvo apoyo de la Seguridad Pública del Estado de Rio ni de la Mesa Directiva de la Cámara Municipal. La diputada federal Talíria Petrone (Partido Socialismo y Libertad – PSOL, Rio de Janeiro) ya contabiliza seis amenazas de muerte. Todo comenzó en 2016, cuando aún era concejala de la ciudad de Niteroi.
Las intimidaciones se registraron en la línea telefónica de denuncias Disque-Denúncia, de responsabilidad del Instituto MovRio, contratada por el gobierno del estado. Las denuncias permanecen sin solución por la policía. Por eso, la parlamentaria recibe protección de guardias nombrados por la presidencia de la Cámara de Diputados, que la acompañan 24 horas al día.
La falta de seguridad, así como la destrucción de la educación pública y de los espacios culturales, es una política premeditada. La denuncia es del sociólogo y cientista político Paulo Baía, profesor del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), víctima de secuestro relámpago en 2013 por causa de sus posicionamientos en torno al asunto.
Para el, la seguridad pública en Brasil no fue estructurada con la idea de proteger la sociedad como un todo. “Fue creada para proteger grupos privilegiados contra los pobres, contra los esclavos, contra los desiguales; esa es la característica de la política de seguridad en Brasil”, afirma el especialista.
La diputada Talíria afirma que los ataques hablan del nivel violento de racismo y machismo estructural que impera en Brasil: "El lugar público no se entiende para la mujer, menos aún para una mujer negra. El lugar de poder no se entiende para nosotros, entonces ese cuerpo extraño tiene que ser eliminado de alguna forma”, explica la diputada.
A partir del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, en 2016, la violencia en la esfera política aumentó, creció en las redes sociales con discursos de odio y de intolerancia, y ataques racistas y homofóbicos, cometidos en buena medida por seguidores de Jair Bolsonaro. Esta es una de las constataciones de la investigación Violencia Política y Electoral en Brasil – Panorama de las violaciones de derechos humanos de 2016 a 2020, de las ONG Justiça Global y Terra de Direitos.
La investigación registra desde 2016 hasta septiembre de 2020, 327 casos de violencia política y electoral: 125 asesinatos y atentados, 85 amenazas, 33 agresiones, 59 ofensas y 21 invasiones.
De acuerdo con la coordinadora general de Justiça Global, Sandra Carvalho, Brasil tiene en 2019 y 2020 un aumento significativo de los casos de violencia política. “Una cuestión muy importante es que las últimas elecciones eligieron un número significativo de mujeres negras y personas trans en diversos estados. E identificamos que fue muy intenso, muy elevado el número de ataques, amenazas, ofensas y descalificaciones dirigidas a esas parlamentarias”, explica Carvalho.
El escenario recrudece con el crecimiento exponencial de los grupos paramilitares y su involucramiento en el aparato estatal. El estado de Rio de Janeiro presenta un dato escalofriante. Según reportaje del portal El País, del día 19 pasado, grupos paramilitares ya dominan un cuarto de los barrios del estado, con casi el 60% del territorio de la ciudad. La materia del portal usa los números de un estudio inédito de Disque-Denuncia.
Para la diputada Talíria, con relación a esa situación "lo más grave es que los paramilitares tienen brazos en el estado, y juntan el poder económico, político y el poder militar, las armas". La diputada denuncia que "más de 2 millones de personas en Rio de Janeiro viven amenazadas por grupos paramilitares".
