El voto de la ministra Carmen Lúcia, presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), definió la mayoría de los ministros de la corte y decidió rechazar del pedido de habeas corpus (HC) preventivo ingresado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca impedir que el juez de primera instancia Sergio Moro decrete su prisión provisional.
Carmen acompañó la posición del relator del proceso, el ministro Edson Fachin; también votaron contra el HC de Lula los ministros Alexandre de Morais, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux. Votaron a favor de Lula los ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski. Fueron cerca de 10 horas de juicio para llegar a una decisión.
Con el voto decisor, Carmen Lúcia, designada integrante del STF por el propio Lula, afirmó que seguía el mismo entendimiento de un juzgamiento de 2016, cuando votó a favor del cumplimiento de la pena después de la condena en segunda instancia. "Para mi, no hay ruptura o afronta al principio de la no culpabilidad penal en este inicio de cumplimiento de la pena determina cuando ya se ha agotado la fase de pruebas", declaró.
El ministro Alexandre de Morais, que votó inmediatamente después del relator, hizo una defensa de la relativización de los derechos fundamentales para negar la libertad al expresidente Lula. “Los derechos fundamentales son relativos. Ellos pueden ser relativizados por el poder judicial”, argumentó el ministro con menos experiencia de la corte.
Cuarto en votar, Luis Roberto Barroso afirmó que no estaba juzgando el mérito de la condena del expresidente. “No leí la decisión de segunda instancia”, destacó, esclareciendo que su posición se refería apenas a la posibilidad de cumplimiento de la pena después de la decisión condenatoria en segundo grado. “El sistema funciona muy mal y, por lo tanto, presidente, por todas esas razones, creo que debemos mantener el entendimiento judicial de 2016”, afirmó el ministro.
Autora del voto más imprevisible, la ministra Rosa Weber prefirió seguir estrictamente el principio del espíritu de cuerpo y obedeció la jurisprudencia firmada por el tribunal en 2016, que permitió la prisión de condenados en segunda instancia. Aunque haya votado contra la prisión en segundo grado hace dos años, la ministra citó la sentencia del STF para justificar la negativa del HC: “La ejecución provisional de acto penal condenatorio, aunque sujeto a recurso especial o extraordinario, no compromete la presunción de inocencia”.
También siguiendo al relator, Luiz Fux relativizó el principio de presunción de inocencia y el llamado paso por todas las instancias. “La presunción de inocencia cesa a partir del momento en que, a través de decisión judicial se considera al acusado culpable. Una sentencia condenatoria, que no es ilegal, que no es injusta, asienta de forma inequívoca la culpa del acusado”, dijo el ministro.
Las posiciones que perdieron
El ministro Gilmar Mendes abrió la divergencia con la relatoría y votó por la concesión del HC. Dias Tofolli acompañó el ministro, por entender que la prisión sólo podría ocurrir después de agotados los recursos en una instancia superior, o sea, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Lewandowski afirmó que la posición de los ministros contrarios al HC entra a la historia por entender el derecho a la libertad como inferior al derecho de propiedad. “Hoy es un día paradigmático para la historia de esta Suprema Corte. Y la evaluación de este día la dejaré para los especialistas, para los historiadores. Pero es el día que esta Suprema Corte colocó el sagrado derecho de la libertad en un nivel inferior al derecho de propiedad”, afirmó.
Marco Aurelio de Mello destacó el carácter ciudadano de la Constitución de 1988, que prevé «preceptos de envergadura mayor», como la presunción de inocencia. “Está en buen portugués, en buen vernáculo (…) que nadie será considerado culpable hasta el paso por todas las instancias de sentencia penal condenatoria”, dijo el ministro.
El ministro más antiguo de la corte, Celso de Mello, comenzó su intervención criticando las declaraciones públicas de oficiales de las Fuerzas Armadas sobre el juicio de este miércoles. “En situaciones tan graves acostumbran a insinuarse peligrosamente pronunciamientos o se registran movimientos que parecen preanunciar la recuperación del todo inisible de prácticas extrañas y lesivas a la ortodoxia institucional típicas de un pretorianismo que cumple repeler”, afirmó.
“Este juicio transciende el interés de una persona y dice respecto de un derecho fundamental”, continuó el decano. “¡Sin paso por todas las instancias no hay culpa! ¡Sin paso por todas las instancias no hay culpa!”, afirmó, acompañando la divergencia y empatando la votación.
"La estrategia"
Al final del voto de Weber, el ministro Marco Aurelio Mello, contrario a la prisión después de condena en segunda instancia, afirmó que la presidenta de la corte, la ministra Carmen Lúcia, armó una estrategia para rechazar el pedido de HC. “Vence la estrategia, el hecho de que Vuestra Excelencia no haya colocado en agenda las (Acciones) Declaratorias de Constitucionalidad”, dijo.
El ministro Marco Aurelio Mello hizo referencia a dos Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADC) que cuestionan la prisión después de condena en segunda instancia. El Partido Nacional Ecológico (PEN) y el Consejo Federal de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) judicializaron las ADC en el STF, las mismas que recibieron los números 43 y 44, respectivamente, pidiendo la concesión de la medida cautelar (HC) para suspender la ejecución anticipada de la pena de todas las sentencias dictadas en segunda instancia. Esas acciones se encuentran bajo relatoría de Mello.
La presidenta del STF optó por juzgar el habeas corpus de Lula antes de las ADC nº 43 y 44. Las ADC están a la disposición de la presidencia del STF desde diciembre de 2017. El ministro Marco Aurelio solicitó en diversas ocasiones que el tratamiento de las acciones fuera agendado para uniformizar el entendimiento del Supremo sobre el tema. Sin embargo, no fue atendido.
Protestas
Durante todo el día, movimientos populares y sindicales realizaron manifestaciones en diversas ciudades de Brasil, en defensa de la libertad del expresidente Lula. En por lo menos 20 capitales fueron realizadas vigilias y actos públicos convocados, en su mayoría, por el Frente Brasil Popular. El principal acto tuvo lugar en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, donde hubo protestas a favor y contra el HC de Lula, reuniendo cerca de 13 mil personas.
Lula acompañó el juzgamiento con líderes del Partido de los Trabajadores (PT) y movimientos populares en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, en São Bernardo do Campo (estado de São Paulo) hasta poco antes del fin de la sesión.
