Justo 30 años después de la promulgación de la Constitución de 1988, que marcó el proceso de superación de la dictadura, una serie de candidatos vinculados a la carrera militar vuelven a ocupar cargos electivos en todo el país. De los 1.636 candidatos, en el proceso de 2018, 104 fueron electos. El índice de éxito fue de 6%, esto es 4,3 puntos porcentuales más que en las elecciones de 2014.
La representación máxima de esa tendencia es la figura del próximo presidente de la República, Jair Bolsonaro (PSL), capitán retirado del Ejército, y su vice, general Hamilton Mourão. El binomio quedó marcado por una campaña electoral con discursos de odio contra minorías y fuertes llamados al autoritarismo.
Además de la Presidencia, el gobierno del estado de Rondônia eligió al policía retirado Marcos Rocha. En el estado de Santa Catarina, fue electo el bombero militar Comandante Moisés. En Rio de Janeiro, quien venció las elecciones para el gobierno del estado fue el infante de marina retirado, Wilson Witzel. En el Senado, la figura de Mayor Olímpio ganó por São Paulo.
Desde la época de la dictadura, el Congreso no tiene sus cargos ocupados por tantos militares en una elección: fueron elegidos 79. Los datos son de un levantamiento de la EBC, que también señala un aumento de más de diez veces con relación a la elección de 2014.
Para comprender ese fenómeno, conversamos con el sociólogo especialista en Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública, Robson Sávio Reis de Souza. El analiza que las propuestas punitivas, represivas y violentas, que fueron las principales banderas de los candidatos militares, aparecen como respuesta a cierto anhelo de "orden" por parte de la población.
"Somos una cultura que naturaliza, acepta y glamoriza la violencia como solución para combatir la propia violencia. Con más represión, más encarcelamiento, con leyes más duras. Eso se reflejó muy claramente en estas últimas elecciones. Fue justamente la bancada militar, y principalmente del grupo más conservador, que tuvo el mayor éxito".
La intervención de las Fuerzas Armadas en las comunidades de Rio de Janeiro es un ejemplo reciente de protagonismo militar en la Seguridad Pública – y salió mal. Iniciada en febrero de 2018,con R$ 1.200 millones (US$ 322 millones) de presupuesto federal del gobierno golpista de Michel Temer (partido Movimiento Democrático Brasileño), la operación aumentó la violencia en los cerros, en vez de ayudar a combatirla.
El resultado desastroso confirma la hipótesis de Souza: utilizar la represión como principal forma de tratar la violencia es un equívoco. El especialista explica que pensar en seguridad pública no es pensar en políticas que combatan los crímenes estipulados en los Códigos Penales, si no, principalmente, la violencia estructural de la sociedad.
"En el Estado brasileño, tenemos una lógica muy perversa, y eso es un poco herencia del modelo dictatorial, de trabajar solamente una cuestión o de invertir mucho en la represión policial". "Por eso es que nosotros, muchas veces, no conseguimos avanzar en las cuestiones de aquella violencia que se da en las estadísticas criminales, porque la violencia generadora de los crímenes, que es esa violencia de la exclusión, del racismo, de la xenofobia, de los prejuicios, del autoritarismo, misoginia, de la LGBTfobia, no es combatida", analiza.
Souza critica la falta de reforma policial, de la Justicia Criminal y del Sistema Carcelario después del fin de la dictadura militar, como causas del no enfrentamiento del "origen de las violencias". Según Souza, estos tres sistemas aún operan en lógica selectiva de encarcelamiento y castigo, y son la respuesta "fácil" deseada por la clase media conservadora, que se siente protegida por este modelo de seguridad pública.
"Es una seguridad pública que protege el patrimonio de los ricos y de los poderosos, en detrimento de garantizar una seguridad igualitaria para toda la población", completa.
Para una política de Seguridad Pública de calidad, Souza finaliza recordando que es necesario invertir en las políticas de prevención de la violencia y criminalidad, con actividades policiales volcadas a la investigación y no solamente al combate del crimen. No es en la experiencia militar, según el, que se encontrarán las soluciones para resolver la violencia en Brasil.
En los cargos no electivos, los militares también asumen cada vez más preponderancia. Hace un mes, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) nombró al general retirado Fernando de Azevedo e Silva como asesor, por sugerencia del comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas. Es la primera vez que ocurre un nombramiento de esta naturaleza dentro de la Suprema Corte desde la dictadura.
